Maldita policía + Justicia corrupta + Medios cómplices = 30 años de cárcel por nada

¡Esta sí que es Argentina! La frase corresponde a un Luca Prodan preocupado por los devenires de la sociedad de consumo, pero se impone cuando uno conoce la historia de Fernando Ariel Carrera, comerciante, 30 años, casado, tres hijos, sin antecedentes penales, condenado injustamente a treinta años de cárcel (no por error sino de manera deliberada) a través de la manipulación de una causa judicial. Hacemos este post todavía indignados por el asesinato de Ramón Aramayo, a manos de nuestra maldita policía que nos quiere hacer creer que se murió porque corrió demasiado (¡y encima fumaba porro! ¡jipi!). Por suerte, Argentina también es la de Piñeyro y la de mucha gente que busca frenar El Rati Horror Show.

Si bien el documental es del año pasado, estábamos esperando a que la proyecten en La Plata para hacer el post, cosa que no pasó (ojo, puede que no nos hayamos enterado), así que lo hacemos ahora. Les dejamos un texto de Esteban Rodríguez sobre el documental, el trailer y un enlace para que escuchen la entrevista de Radio Futura al director Enrique Piñeyro.

Vía Crudos

FABRICA DE CAUSAS*

Por Esteban Rodríguez

Se acaba de estrenar el nuevo documental de Enrique Piñeyro, “Rati horror show”, sobre “La masacre de Pompeya”, ocurrida el 25 de enero de 2005 en la ciudad de Buenos Aires. Según la versión policial, que fuera rápidamente comprada por el periodismo empresarial nacional y amparada por la justicia federal, un “delincuente”, que había perpetrado dos asaltos horas atrás, conduciendo un Peugeot 205 blanco, fue interceptado a partir de un operativo cerrojo que las comisaría 34 y 36 habían dispuesto. Durante la persecución se produce un tiroteo en la cual en plena huida, el delincuente embiste y mata a tres personas y choca contra un auto. El supuesto delincuente se llama Fernando Carrera, era comerciante y ahora se encuentra detenido en la cárcel de Marcos Paz, cumpliendo una sentencia de treinta años de reclusión por robo agravado por empleo de arma de fuego y homicidio reiterado en tres oportunidades. La sentencia, que lleva las firmas de los camaristas Vistué de Soler, Cataldi y Lezcano, se encuentra hoy día sujeto a revisión por parte de la Corte Suprema de la Nación.

Para Enrique Piñeyro, Fernando Ariel Carrera era un ciudadano que estuvo en el lugar justo y el momento equivocado: cuando se disponía a cruzar el Puente Alsina en dirección a Lanús, demorado en un semáforo d la avenida Sáenz, a la espera de la luz verde para cruzar, observa que un Peugeot 504 de color azul destartalado, conducido por tres personas, estaciona a su lado. Cuando Carrera observa que uno de sus conductores se asoma por la ventanilla y le apunta con una itaka, cree que se trata de un asalto y arranca, pero las personas empiezan a disparar. Uno de esos tiros lo alcanza en la mandíbula y Carrera pierde el conocimiento. Carrera nunca se entero que condujo inconsciente doscientos metros en línea recta, que atropello a tres personas y su auto se estampo contra otro auto. Tampoco supo que las personas se bajaron rápidamente y ametrallaron su auto, y que 7 de los 18 tiros, impactaron en su cuerpo. No está de más recordar tampoco, y es lo que hace Piñeyro, que Carrera nunca supo que se trataba de policías. Las personas estaban vestidas de civil, nunca se anunciaron como policías, dieron la voz de alto, mostraron placa alguna y que tampoco el auto llevaba una sirena encendida.

Lo que nos cuenta Piñeyro también es que los fiscales instructores llegaron hora y media tarde a la escena del delito, después de haberse enterado por la televisión y no porque les haya avisado los policía. En ese ínterin a Carrera le plantan una gorra (la que supuestamente usaban los delincuentes en hechos anteriores), un arma, un testigo, y un abogado. Un arma que nunca se perició; un testigo -¡el único testigo!-, Rubén Maugeri, que supuestamente era un transeúnte pero que en verdad resultó ser el presidente de la Asociación de amigos de la policía de la Comisaría 34, con despacho propio en la Comisaría, dueño del otro auto que estaba realizando el operativo cerrojo; y un abogado, Fermín Víctor Iturbide, ex policía, abogado de policías, y ex defensor de la Comisaría 34 en el caso de Ezequiel Demonty, ese cartonero de 15 años que muriera tras ser obligado a arrojarse al Riachuelo desde el puente por agentes de la federal de esa comisaría. Iturbide fue el abogado que se acercó a la familia de Carrera y le aconsejó que se niegue a declarar y luego que se declarase culpable para recibir una pena menor.

Carrera no fue identificado en las ruedas de reconocimiento por las víctimas y testigos de los asaltos anteriores que se le estaban imputando. Tampoco hay demasiados testigos de lo que paso en Pompeya: salvo los testimonios de los propios policías y el testimonio de Maugeri, agregado por los propios policías a la causa, no hay otros testigos que hayan corroborado la versión policial, cual era que Carrera estaba armado y que desde adentro del auto disparaba como loco hacia los policías que lo perseguían.

Lo que le pasó a Carrera no es un hecho excepcional, ni un error, ni un exceso. Es una práctica habitual de la policía federal y la policía bonaerense. A través del “armado de causas” la policía extorsiona a determinadas personas para que “pateen” para ellos o para las personas que “trabajan” para ellos. Pero también “armando causas” se sacan del medio a los delincuentes que los exponen con sus fechorías o se niegan a pagar la coima de rigor al comisario de turno. Pero también, finalmente, es una práctica que les permite encubrir los delitos que practica. El caso Carrera, como tantos otros, sólo es posible por la complicidad judicial, esa justicia clasista que funciona, como escribió alguna vez el defensor y poeta Julián Axat, como una “máquina de convalidar letras y firmas”. Pero también porque la clase política y el funcionariado del Ministerio del Interior han delegado en la propia policía su conducción, se han desentendido del gobierno de la policía, creando condiciones para perpetuar la coorporativización de la agencia policial.

“La masacre de Pompeya” contada por Piñeyro es otro caso de gatillo fácil. “Rati horror show” nos habla de las prácticas policiales, pero también de la irresponsabilidad del periodismo (de los movileros y los presentadores y agitadores de noticias) que, presos de la urgencia, ávidos de primicia, rápidamente se disponen a comprar la versión enlatada que la policía les ofrece. Un periodismo sin fuentes, que se limita a reproducir los partes oficiales, sin mayores constataciones, sin investigaciones propias.

Pero también nos informa –insisto- sobre la modorra intelectual de los magistrados, que siguen las causas a larga distancia, que ni siquiera se ponen a leer los expedientes, que basan sus juicios en prejuicios y compromisos abyectos con la policía federal. Por todo eso, el documental de Piñeyro propone pensar las relaciones de continuidad entre la policía, el periodismo y la justicia. Tres instituciones destinadas a “cubrir” la realidad, a tapar los hechos. Por eso decimos que no hay maldita policía, sin maldito poder judicial y sin maldito periodismo.

* En los últimos días, varios testigos de la causa que no fueron tenidos en cuenta por los jueces, pero que fueron relevados en el documental fueron amenazados de muerte por policías de civil. También el director, Enrique Piñeyro, fue amenazado, razón por la cual su familia debió viajar al exterior por razones de seguridad, sobre todo cuando se le sustrajo la custodia que tenía por amenazas anteriores.